¿Qué es el derecho de acceso a la información pública?
Es el derecho de acceso a acceder a información pública en los términos previstos en la Constitución artículo 105.b), entendiéndose como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
¿Se puede pedir cualquier información?
El derecho de acceso a la información está sujeto a ciertos límites que tienen como objetivo proteger otros bienes jurídicos que pueden quedar desprotegidos si se da la información. Es decir, los límites existen para proteger información que no debe ser pública porque, si lo fuera, podría dañar a una persona o al interés público.
Los límites tasados en la Ley 19/2013 son los siguientes: La seguridad nacional La defensa Las relaciones exteriores La seguridad pública La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control Los intereses económicos y comerciales La política económica y monetaria El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión La protección del medio ambiente
¿Cómo se aplican los límites?
El órgano al que se le solicita una información cuya publicación considera que puede perjudicar a alguno de los límites deberá valorar si, efectivamente, se produce un daño si se provee esa información.
¿Por qué existe protección de datos personales?
Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado.
¿Qué es el acceso parcial?
En los casos en los que se solicite información en la que parte de la misma esté sometida a alguna causa de límite del derecho, se admitirá parcialmente la solicitud y se indicará al solicitante la información que ha sido omitida.
¿Qué puede hacer un ciudadano /a si no es respondida una solicitud de acceso a la información pública?
La Fundación Canaria Ciudad de Gáldar tiene la obligación legal de responder a todas las solicitudes de acceso a la información pública que gocen de legitmidad. El ente puede incurrir en silencio administrativo (no contesta al ciudadano o no lo hace en plazo) o directamente resuelve desfavorablemente, es decir, deniega el acceso a la información demandada.
Cuando se dan esos dos escenarios la persona recurrente puede instar al Comisionado de Transparencia de Canarias que le ampare. Cuando eso ocurre y una vez finalizado el procedimiento, el Comisionado de Transparencia de Canarias (después de anonimizar la resolución) publica todas las reclamaciones formuladas contra la Fundación.